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El destino de dos capos

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El destino de dos capos

Mensaje por Hitman el 7/2/2012, 9:57 am

El narcotraficante Benjamín Arellano Félix se declaró culpable de asociación delictiva y lavado de dinero en una corte de San Diego y negoció una condena de 25 años en vez de cadena perpetua.

Mientras, otro capo mexicano espera que se defina su situación. Es Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, cuyo juicio podría ser desechado o postergado indefinidamente el próximo 25 de enero en una corte de Chicago.

Aunque no lo parezca, los dos casos están estrechamente ligados. El futuro de uno ha dependido del otro.

Benjamín es líder del Cártel de Tijuana, y “El Vicentillo” es hijo de Ismael Zambada García uno de los dos líderes del Cártel de Sinaloa.

Las dos organizaciones criminales tienen una férrea pugna desde hace casi tres décadas. Durante todo este tiempo, ha habido homicidios, atentados y traición.

Gracias a la información proporcionada por la cúpula del Cártel de Sinaloa a la Agencia Antidrogas de EU (DEA) –buena parte de ella obtenida a través del propio “Vicentillo”– el clan de los Arellano Félix ha quedado prácticamente desmembrado en menos de una década.

Pero también gracias a las delaciones del Cártel de Sinaloa, Benjamín Arellano Félix obtuvo una condena de 25 años de prisión, que seguramente tendrá posibilidades de reducir, en vez de la implacable cadena perpetua que el año pasado le impuso una corte a su hermano Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, quien fue detenido a bordo de un yate en 2006 gracias a la información proporcionada por el Cártel de Sinaloa.

Ésta es la historia.

LOS CARGOS CONTRA BENJAMÍN

La acusación penal contraBenjamín Arellano Félix en la Corte Federal de San Diego era una caja de sorpresas.

Iba a ser juzgado en EU por narcotráfico y lavado de dinero, por intento de asesinato de “El Chapo” y hasta por el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

De acuerdo a la demanda presentada por el Departamento de Justicia de EU contra Benjamín Arellano Félix, de la cual tiene copia Reporte Indigo, de no haber hecho una negociación, al líder confeso del Cártel de Tijuana le esperaba cadena perpetua o la muerte.

Los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier tenían nueve cargos en su contra de acuerdo al caso criminal 97CR2520K, casi todos clasificados con nivel de ofensa 4.

Fueron acusados de asociación delictuosa, tráfico de cocaína y mariguana, secuestro, tortura, así como homicidio de “informantes”, narcotraficantes rivales y funcionarios públicos.

Entre los actos violentos imputados a Benjamín Arellano Félix por el gobierno de EU en la Corte Federal de California, figura el homicidio de Armando López, compadre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien los Arellano Félix ordenaron ejecutar en 1989.

En buena medida, este asesinato desató la rivalidad entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

Según la acusación penal contra Benjamín Arellano, iba a ser juzgado –entre otros delitos– por los tres atentados que orquestó el Cártel de Tijuana para asesinar a “El Chapo”.

Uno de ellos ocurrió a finales de 1991 o principios de 1992, otro fue en el verano de 1992 y el tercero en mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, donde perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Con respecto a este último hecho, los Arellano Félix siempre han dicho que son inocentes.

Entre las acusaciones de la Fiscalía contra Benjamín estaba precisamente el homicidio del cardenal, ocurrido en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Para sustentar esa teoría, la Fiscalía iba a presentar un informe de más de 88 mil fojas proporcionado por el gobierno de México.

En julio de 2011, la defensa de Benjamín Arellano Félix consideró que el crimen del cardenal Posadas Ocampo no tenía relación alguna con la acusación penal interpuesta en la Corte y solicitó que si se quería tratar el tema, se tradujeran las 88 mil fojas al inglés para que el entonces abogado defensor pudiera leerlas.

Con el reciente convenio acordado entre Benjamín Arellano y la Fiscalía, el caso del cardenal Posadas Ocampo –que tenía que ser discutido en el juicio e iba a abrir viejas heridas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari– perdió quizá su última oportunidad de ser analizado por un jurado imparcial.

En México, la versión oficial es que el prelado resultó asesinado porque fue confundido con “El Chapo”.

Pero antes de ser extraditado a EU, Benjamín declaró el año pasado a la PGR, y ante la presencia de un abogado de la Arquidiócesis de Guadalajara, que el cardenal había sido asesinado por el gobierno de Carlos Salinas.

CORRUPCIÓN IMPUNE

Al no realizarse un juicio contra el líder del Cártel de Tijuana, permanecerá en secreto la información sobre la amplia red de corrupción política que opera en México en torno a los cárteles de la droga.

La Fiscalía acusó a Benjamín Arellano de sobornar sistemáticamente a funcionarios públicos y militares mexicanos para proteger embarques de droga, informar sobre operativos, detener a narcotraficantes de cárteles rivales y para que la propia autoridad robara droga a los cárteles rivales para entregarla al Cártel de Tijuana.

El 25 de julio pasado, la Fiscalía anunció que presentaría pruebas sobre esa red de corrupción.

Pero ahora que no habrá juicio, no se ventilarán los nombres de los funcionarios mexicanos sobornados durante décadas por esa organización criminal.

Otro de los cargos contra Benjamín era que el Cártel de Tijuana había negociado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar cocaína y armas.
Con todos esos cargos, no había duda de que la condena que le esperaba al narcotraficante sería como una lápida.

CAMBIO REPENTINO DE ESTRATEGIA

En julio de 2011, la Fiscalía aceptó la moción presentada por la defensa de Benjamín Arellano para declarar el proceso como un “caso complejo”, pero rechazó que fueran traducidas al inglés las 88 mil fojas del caso Posadas.

Todo parecía indicar que habría juicio contra Benjamín Arellano Félix y que nada podría cambiar su futuro. La encargada de meterlo en la cárcel de por vida era la fiscal federal para el distrito sur de California, Laura Duffy.

Durante años, Duffy, junto con el agente de la DEA David Herrod, se dedicaron a cazar a los Arellano Félix. Y tuvieron éxito.

Fue así como la fiscal llegó al puesto que hoy ocupa. Pero no llegó sola, ella y Herrod recurrieron a los enemigos del Cártel de Tijuana, y se acercaron al Cártel de Sinaloa.

Desde hace por lo menos 10 años, Laura Duffy y David Herrod establecieron contacto y relación con un integrante de la cúpula del Cártel de Sinaloa, el licenciado Humberto Loya Castro, brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera y de Ismael Zambada García. También interactuaron con Arturo Beltrán Leyva cuando todos formaban parte de la misma organización criminal.

Todo lo anterior con el permiso de “El Chapo”, según se ha revelado en el expediente de Vicente Zambada Niebla que obra en una corte federal en Chicago, caso al que Reporte Indigo ha dado puntual seguimiento.

La defensa de Francisco Javier Arellano Félix no tenía conocimiento oficial de esa historia, pero la defensa de Benjamín sí.

En marzo de 2011, Vicente Zambada Niebla, acusado de ser uno de los principales responsables del tráfico de droga hacia EU por parte del Cártel de Sinaloa, reveló ante la Corte de Distrito Norte de Illinois en Chicago, que no podía ser juzgado por las autoridades de EU porque éstas le habían dado autorización para delinquir.
Más adelante reveló uno de los secretos mejor guardados de la relación entre las agencias de EU y los cárteles de la droga mexicanos.

A través de sus abogados, “El Vicentillo” afirmó que desde hacía por lo menos 10 años, se había firmado un pacto de impunidad e inmunidad entre agencias del gobierno de EU y la cúpula del Cártel de Sinaloa –con la anuencia del Departamento de Justicia– a cambio de que el cártel proporcionara información sobre las organizaciones de narcotráfico enemigas.

“El Vicentillo” afirmó que no sólo era parte de ese pacto, sino que él mismo ofrecía una buena parte de la información a través de Humberto Loya Castro, uno de los principales informantes de Duffy y Herrod, según la información recabada por Reporte Indigo.

Esas afirmaciones fueron tomando forma cuando, presionada por la defensa, la Fiscalía tuvo que dar a conocer información de los acuerdos pactados entre Loya Castro y la DEA.

Según esos convenios, algunos miembros de la cúpula del Cártel de Sinaloa tenían inmunidad asegurada si cumplían con su parte de dar información.

Todas esas revelaciones impactaron directamente en el juicio de Benjamín Arellano Félix.
A principios de septiembre de 2011, la defensa de Benjamín, encabezada por Douglas Brown y Elizabeth Missakian, cambió la estrategia y comenzó a presionar a la Fiscalía para que entregara información sobre o contra su cliente.

Exigió que se entregaran todas las declaraciones que, por escrito, videograbadas o en audio, hubieran hecho Benjamín Arellano Félix y los coacusados respecto a éste y otros casos.

También demandaron la lista de los informantes y testigos con los que se había armado el caso judicial, las declaraciones y los reportes de los agentes.

Incluso pidieron cualquier tipo de nota realizada por los funcionarios sobre sus entrevistas con los informantes o testigos del caso contra Benjamín.
La defensa también solicitó copia de los resultados de la evaluación física y mental hecha a los testigos e informantes del caso de Benjamín.

Además, demandaron información sobre el pasado criminal de los testigos que iba a usar la Fiscalía para el juicio y sobre los convenios que hizo la autoridad con ellos a cambio de la información o la declaración que proporcionaron.

Pero, súbitamente, Benjamín cambió a sus dos abogados defensores por Anthony Colombo.

La Fiscalía pidió a la Corte mantener clasificada y sellada información delicada porque no podía arriesgarse a perder el control de los casos simultáneos de San Diego y Chicago.

En Chicago han negado que exista algún tipo de pacto o convenio con el Cártel de Sinaloa, pero ¿cómo podrían explicar en el caso de San Diego la forma en cómo habían conseguido la información contra los Arellano Felix?

En octubre pasado, la nueva defensa de Benjamín Arellano pidió que se cambiara al juez que llevaba el caso en la Corte Federal de Distrito Sur de California porque había trabajado en el Departamento de Justicia cuando se hicieron las investigaciones de los hechos que constan en las acusaciones contra el capo.

Es decir, según la defensa, el juez Larry A. Burns había estado en la oficina de Laura Duffy cuando investigaba a los Arellano Félix.

La Fiscalía respondió que había entregado la mayor parte de la información que tenía, excepto la que está “clasificada”, y señaló que no había razón para cambiar de juez.
Finalmente, la Fiscalía y el líder del Cártel de Tijuana llegaron a un acuerdo. Benjamín admitió su culpabilidad a cambio de una condena de 25 años.

‘EL VICENTILLO’ EN CAPILLA

Y mientras Benjamín logró negociar su condena, Vicente Zambada Niebla se juega su futuro.

Actualmente, el proceso judicial en su contra está congelado. Tanto la Fiscalía como la defensa dejaron pasar fechas importantes para cumplir con las instrucciones del juez en materia de entrega de pruebas y lista de testigos.

El propio juez ha postergado la resolución de mociones presentadas por la Fiscalía y la defensa.

La más importante se refiere a la solicitud de la defensa de desechar la demanda judicial porque su cliente tenía inmunidad y autoridad pública.

El juez Rubén Castillo aún no ha respondido. Pero tampoco se ha fijado una nueva fecha para el juicio que iba a comenzar el 13 de febrero.

El próximo 25 de enero se llevará a cabo una audiencia pública en la Corte Federal de Distrito Norte en Chicago. De acuerdo a la instrucción del juez, ese día se resolverá si habrá juicio o no.

Vicente Zambada Niebla hizo una declaración jurada al juez Castillo. La hizo por escrito y pidió que quedara sellada, por lo que se desconoce su contenido.

Sin embargo, dada la petición de la defensa de que nada de lo que diga puede ser usado en su contra, de haber juicio, es un documento que seguramente muchos querrían que nunca se hubiera escrito.

El 25 de enero, el juez Castillo también establecerá una fecha para que la Fiscalía entregue todas las pruebas y listas de testigos e informantes, así como todo el material que pueda servir para la defensa de “El Vicentillo”. Y fijará una nueva fecha para el juicio o la mantendrá indefinida.

De acuerdo a la información recabada por Reporte Indigo, después de meses de un intenso toma y daca entre la Fiscalía y la defensa, parece que el caso de “El Vicentillo” está en el congelador.

Esto quizá abre la posibilidad de un acuerdo entre la Fiscalía y el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Conforme se acercaba la fecha del juicio, más incertidumbre generaba dentro y fuera de México. Pero quizá los más inquietos eran los funcionarios de la DEA, dependencia que con juicio o sin él, ha quedado exhibida por pactar convenios con miembros del Cártel de Sinaloa.

El acuerdo al que llegó Benjamín Arellano con la Fiscalía está sellado, pero según otros acuerdos similares, la Fiscalía otorga ese tipo de rebajas en las condenas a cambio de la flexibilidad del acusado para dar información clave de su propia organización criminal o de otros grupos rivales.

Ahora que Benjamín lo sabe por la propia confesión de Vicente Zambada Niebla a través de sus abogados, lo más probable es que lance sus misiles contra la organización criminal que lo llevó a la cárcel: el Cártel de Sinaloa.
http://www.reporteindigo.com/reporte/articulo/el-destino-de-dos-capos


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Re: El destino de dos capos

Mensaje por Hitman el 7/2/2012, 10:01 am

Será después de las elecciones presidenciales

El juez que lleva el caso del hijo de ‘El Mayo’ Zambada dejó abierta la posibilidad de declarar inmune al capo del Cártel de Sinaloa. Y programó la próxima audiencia para octubre, lo cual deja a salvo los comicios presidenciales en México, pero podría contaminar el proceso electoral en EU.
Por Anabel Hernández 27/01/2012 - 1 comentario Categoría: Actualidad

El resolutivo que tomó el juez Rubén Castillo, de la Corte Federal de Distrito Norte de Illinois, dejará tranquilos a muchos funcionarios y políticos mexicanos.

El miércoles 25 de enero, en la audiencia pública celebrada en Chicago, el juez anunció que será hasta el 9 de octubre de este año, pasadas las elecciones presidenciales de México, cuando se lleve a cabo el juicio de Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”.

Zambada Niebla es hijo de Ismael Zambada García, quien comparte el liderazgo del Cártel de Sinaloa con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En junio de 2011, el juez Castillo determinó que el juicio iniciaría en febrero de este año, en pleno proceso electoral en México.

Y aunque la nueva fecha no tiene que ver directamente con los comicios, el juicio del narcotraficante empatado con las elecciones federales era una bomba de tiempo.

Los secretos que la defensa y la Fiscalía aún no terminan de revelar sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa y la DEA, sin duda podrían tener un impacto en los comicios presidenciales.

En medio de lo que comienza a ser un atribulado proceso electoral, los políticos y gobernantes de México tendrán un respiro. No así el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU).

Contra todos los pronósticos, el juez Castillo dejó abierta la posibilidad de declarar inmune a Zambada Niebla.

En la audiencia afirmó que con los elementos que tiene hasta ahora, no puede fijar una postura definitiva, lo que demuestra que después de 10 meses, la Fiscalía no ha logrado desvanecer los argumentos de la defensa de que el joven capo delinquió con la presunta anuencia del gobierno de EU.

Reporte Indigo ha seguido el proceso contra Vicente Zambada Niebla desde marzo de 2011.

Éste es el episodio más reciente.

EL PELIGROSO JUICIO DE ‘EL VICENTILLO’

El 25 de marzo de 2011, Reporte Indigo informó en exclusiva que el proceso judicial contra Vicente Zambada Niebla abriría una caja de Pandora sin precedentes.

La defensa ingresó ese día una moción en la que afirmaba que el gobierno de EU no podía juzgar a su cliente porque el capo contaba con “inmunidad” y/o “autoridad pública” de dicho gobierno.

El caso del hijo de “El Mayo” Zambada esconde secretos de las operaciones del Cártel de Sinaloa y la DEA en México y EU. Y con tal de librar la prisión, el joven capo comenzó a revelarlos.

La moción que presentaron los abogados defensores señala que los funcionarios que presuntamente dieron inmunidad o autoridad pública a “El Vicentillo” fueron el asistente regional de la DEA para Sudamérica, el director general de la DEA para México, así como los agentes de la DEA adscritos a Monterrey, Hermosillo y el Distrito Federal.

“(…) incluyendo, pero no limitando, a los llamados Eduardo Martínez, ‘Manny’ LNU, ‘David’ LNU y Esteban Monk y/o Steven Monk y otros, incluyendo agentes del FBI cuyos nombres son desconocidos por el acusado, pero son conocidos por las agencias”, señala el documento presentado ante la corte.

Los abogados afirman en la moción que poco antes de ser detenido, “El Vicentillo” había sostenido un encuentro con uno o varios funcionarios de la DEA.

“La autoridad pública para los actos del defendido (Vicente Zambada Niebla) comienza desde el primero de enero de 2004 hasta el 19 de marzo de 2009”, establece el documento revelado por Reporte Indigo.

Después de que fue descubierto el operativo Rápido y Furioso para introducir armas de EU a México, el cual fue auspiciado y permitido por el Departamento de Justicia de EU, la historia de Vicente Zambada Niebla no parecía imposible.

Debido a esas revelaciones, la fecha del juicio contra Zambada Niebla se fue aplazando. Fue en junio de 2011 cuando el juez Castillo anunció que comenzaría el 13 de febrero de 2012.

CONFESIONES INCÓMODAS

A finales de julio del año pasado, “El Vicentillo, a través de su defensa, afirmó que obtuvo “inmunidad” y/o “autoridad pública” gracias a un pacto establecido desde hacía más de 10 años entre el Cártel de Sinaloa y la DEA a través de Humberto Loya, un narcoabogado integrante de la cúpula de la organización criminal. (LIGAS Update 51 y Reporte 239)
El pacto consistía, según Zambada Niebla, en que el Cártel de Sinaloa proporcionaba información a la DEA para capturar a miembros de cárteles enemigos.

A cambio, la DEA les daba “carta blanca” para traficar droga e inmunidad.

El capo confesó que era parte de ese acuerdo porque mucha de la información de los cárteles enemigos era obtenida por él y enviada a la DEA a través de Humberto Loya.

Presuntamente, el gobierno de Estados Unidos usaba esa información para orientar los operativos del gobierno de México contra las organizaciones enemigas del Cártel de Sinaloa.

“Nuestra información ayudó a la detención o muerte de miles de narcotraficantes rivales”, afirmó “El Vicentillo”en su declaración.

La libertad de la que gozan Vicente Zambada García, Joaquín Guzmán Loera, Humberto Loya y Juan José Esparragoza Moreno, entre otros, muestra que esa “carta blanca” e “impunidad” no sólo fue efectiva en EU, sino también en México, lo que obliga a cuestionar el papel de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en esos presuntos acuerdos, ya que los arrestos y muertes se han dado principalmente en territorio mexicano.

Gracias a los documentos que presentó la defensa y a las confesiones de la Fiscalía, se supo que, efectivamente, hubo un encuentro entre “El Vicentillo” y funcionarios de la DEA en la Ciudad de México.

La defensa presionó en la corte para que el gobierno de EU entregara todos los documentos que posee sobre el Cártel de Sinaloa que ayuden a la defensa de su cliente, tal como lo dictan las leyes estadounidenses.

Finalmente, la Fiscalía entregó los convenios firmados entre la DEA y Humberto Loya en México. En ellos consta que autoridades de EU daban permiso a ciertas personas de traficar droga y pertenecer a un cártel bajo el pretexto de ser “colaborador confidencial” de la DEA.

Estos convenios fueron firmados en México. Los encuentros de la DEA con Loya eran en México. Y la DEA sabía que Loya había aceptado esos acuerdos con permiso de “El Chapo” Guzmán.

El gobierno de Felipe Calderón ha sido omiso o cómplice, ya que la DEA ha firmado acuerdos ilegales, según la legislación mexicana, sin que una autoridad local se lo impida.

EXHIBE AL GOBIERNO DE MÉXICO

En octubre de 2011, la defensa de Vicente Zambada Niebla acusó en una declaración jurada que la DEA había presionado a Humberto Loya para que no salieran a la luz pública los acuerdos firmados con el Cártel de Sinaloa porque eso perjudicaría a la DEA y al gobierno de EU.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han desmentido dicha presión.

Lo que se estaba ventilando en la corte de Chicago se volvió cada vez más incómodo para el gobierno de México porque también comenzó a hablarse de la presunta protección del gobierno de Calderón a la cúpula del Cártel de Sinaloa.

En los documentos dirigidos al juez, la defensa de “El Vicentillo” denunció que EU pretendía ocultar los acuerdos que pudo haber pactado con el gobierno de México para dar un “tratamiento especial” a los miembros “de alto rango del Cártel Sinaloa”.

A principios de noviembre, la Fiscalía argumentó razones excepcionales de “seguridad nacional” para no entregar toda la información referente al Cártel de Sinaloa que está en poder del gobierno de EU y que fue solicitada por la defensa de “El Vicentillo”. (Reporte # 253)

Los abogados defensores acusaron de conspiración al gobierno de EU.

En diciembre de 2011, la Fiscalía se vio obligada a entregar a la corte una declaración jurada de Manuel Castanon, alias “Manny”, el agente de la DEA que negociaba con Humberto Loya y con quien Zambada Niebla se reunió antes de ser detenido en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México.

En esa declaración, se reconoce que la reunión con “El Vicentillo” fue aprobada por un fiscal del Departamento de Justicia de EU y que se llevó a cabo en México a propuesta de la DEA porque aquí no tienen jurisdicción para detenerlos.

Castanon afirma en su declaración jurada que en 2008, y de manera extraordinaria, el director regional de la DEA en México, David Gaddis, pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos anular los cargos contra Humberto Loya, el hombre clave de sus contactos con “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada y “El Vicentillo”.

A principios del mes en curso, salió a la luz pública información oficial que confirmó que la DEA lavaba dinero a proveedores de droga del Cártel de Sinaloa, supuestamente para rastrear las operaciones de tráfico y movimiento de dinero.

Todo con la ayuda de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que trabajaban con los cárteles, presuntamente en calidad de infiltrados.

Las cantidades de droga y dinero incautadas al Cártel de Sinaloa han sido mínimas considerando las miles de toneladas de estupefacientes que esa organización mueve en el mundo, y su poder no ha sido menguado.

Al contrario, de acuerdo a pronunciamientos oficiales de la DEA, “El Chapo” es el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos.

DAN RESPIRO A ELECCIONES

La defensa de “El Vicentillo” había decidido citar a Humberto Loya y a funcionarios de la DEA para que testificaran en el juicio que iniciaría en febrero de este año.

Y la Fiscalía iba a citar como testigos de cargo a los gemelos Margarito y Pedro Flores, quienes tuvieron encuentros en México con “El Chapo” y fueron testigos de los mecanismos de protección que brindaban funcionarios del gobierno de México al Cártel de Sinaloa.

Para suerte de muchos políticos y funcionarios mexicanos, el juez Rubén Castillo postergó el juicio de “El Vicentillo” hasta el 9 de octubre de 2012. Para entonces, ya deberán estar calificadas las elecciones presidenciales de México.

El juez afirmó que aunque es un tema de relevancia internacional, faltan muchos documentos por revisar para preparar el juicio.

Durante los próximos nueve meses, la defensa y la Fiscalía tendrán que seguir revelando más secretos incómodos.

El juez Rubén Castillo fijó el 30 de marzo como fecha límite para que la defensa de Vicente Zambada Niebla complemente sus mociones, en particular las relativas a la
inmunidad y movimientos de extradición.

Y el 18 de abril, el juez determinará una fecha para que Zambada Niebla responda a las mociones de la Fiscalía.

Por ley, “El Vicentillo” tiene derecho a un juicio rápido, pero por atrasos de “causa mayor” o “justificada, el juez Castillo excluyó el lapso del 25 de enero al 18 de abril de los tiempos procesales del juicio. Y señaló que aún quedan pendientes las solicitudes de extradición de dos mexicanos ligados al caso.

Uno de ellos es Felipe Cabrera Saravia, quien según la acusación penal radicada en la Corte de Chicago no es ni jefe de escoltas ni responsable de la seguridad de “El Chapo”, como dijo el gobierno de México en diciembre pasado, cuando lo detuvo. En realidad, trabajaba con “El Vicentillo”.

EL TIEMPO BENEFICIA A DEFENSA

Personas cercanas al juicio consultadas por Reporte Indigo señalan que el tiempo otorgado por el juez beneficia a la defensa.

Ante la negativa de la Fiscalía de entregar todos los documentos sobre el Cártel de Sinaloa, llegar a juicio en febrero era llegar en desventaja.

El tiempo corre ahora en contra del fiscal federal Patrick J. Fitzgerald.

Aunque Fitzgerald ha dicho que "no existe ningún documento" que pruebe las alegaciones del acusado, los documentos que ha entregado han generado dudas. Y los que se ha negado a entregar también.

Después de nueve meses de mociones, alegatos y respuestas de ambas partes, el fiscal no ha sido capaz de convencer al juez Castillo de que no existe el pacto de inmunidad y que debe desechar la moción.

El pasado 25 de enero, el juez señaló que, con la información que tiene, no puede tomar una decisión al respecto.

La persistencia de la duda es fundamental para el caso. Si el juez rechazara la moción de inmunidad, la defensa tendría que cambiar su estrategia para demostrar la inocencia de su cliente con respecto a los cargos que se le imputan.

Y si el juez Castillo aceptara la moción, no habría juicio y tendría que poner en libertad a “El Vicentillo”.

El juez afirmó que aún le falta recibir y revisar muchos documentos de la Fiscalía, y dejó abierto hasta el 18 de abril el plazo para que la defensa siga aportando mociones y elementos que comprueben que el hijo de “El Mayo” Zambada cometió el delito de tráfico de drogas con permiso del gobierno de EU.

Los nuevos plazos dan un respiro al proceso electoral de México, pero contaminan el de EU, que tendrá comicios presidenciales el 6 de noviembre de este año.

La fracción parlamentaria del Partido Republicano en el Congreso ha tomado como estandarte de batalla contra los demócratas el escándalo desatado por el operativo Rápido y Furioso, y ha comenzado una investigación sobre las operaciones de la DEA en México.

Si hay juicio en octubre contra Vicente Zambada Niebla, los testimonios jurados ante la corte saldrán a la luz pública días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
http://www.reporteindigo.com/reporte/articulo/ser-despu-s-de-las-elecciones-presidenciales


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Re: El destino de dos capos

Mensaje por aaron_wolf el 7/2/2012, 11:28 am

Hitman gracias por el aporte ya habia perdido un poco la pista de como hiba eso del Vicentillo, lo ultimo que supe es que andaba chillando que no tenia espacio para ejercitarse y se sentia mal, a ver que pasa seria bueno que salieran 2,3 datos extras para las elecciones jajaja

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Re: El destino de dos capos

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