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México, país de leyes, pero no de Justicia (Aporte Dominical)

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Soldaomalamañao
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06112011

México, país de leyes, pero no de Justicia (Aporte Dominical)

Mensaje por Soldaomalamañao

Cerró la semana con una serie de eventos que por momentos parecieron dejar de lado las urgencias en algunas partes, intentando minimizar otras y algunas más que se intentaron fingir desapercibidas o de plano considerándolas inexistentes. Nos obliga a las preguntas ¿Qué está pasando? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Qué urge más que lo demás? Antes de que pasen a formar parte de las púas del látigo del castigo. Es como si cada parte de nosotros se fuera quedando sola, en tierra desolada y sin más medios que la desnudez de la esencia misma. Por aquí y por allá se dicen cosas, algunos rumores nacen huérfanos en medio de la desesperación, otros nacen entre filias políticas o intereses de poder. Todo se torna tangencial, las acusaciones van y vienen, solo en la falsedad del discurso que ya quedó al descubierto desde hace mucho tiempo y por tanto se han perdido la confianza en él, lo diga quien lo diga, se busca responder hasta de manera improvisada. Es una muestra muy real, el gobierno es improvisado. Hoy se debate a medias en torno del mal manejo de los recursos presupuestales, al nivel exorbitante de miles millones de dólares, sin tener que parafrasear a Carl Sagan, que no se sabe a ciencia cierta la legalidad del origen y mucho menos su destino; sin embargo, quienes levantan la supuesta voz de la indignidad, no pasan de la mera especulación, pues hasta ahora ni el exsecretario de hacienda ni algún tribunal judicial, han emprendido un proceso serio para esclarecer y actuar penalmente sobre las responsabilidades directas. Se hacen aspavientos con la aprehensión de un exfuncionario de primer nivel en la gestión del gobierno estatal de Coahuila que tuvo esos atropellos y corrupciones, pero, al día de hoy, tal exfuncionario goza de una libertad, condicionada por el pago de una fianza, equivalente a algo así como al 1% del total que se indica en los movimientos fraudulentos que materializó. No es privativo de Coahuila el asunto de los fraudes y la malversación de los recursos del erario público, también Jalisco tiene lo suyo, aunque la cantidad no llega al nivel de lo malversado en Coahuila, se trata también de millones de pesos que deberían estar destinados para el apoyo del desastre natural ocurrido en las costas jaliscienses, aunque también hay que hacer mención que la administración que no ha podido explicar el destino de los recursos otorgados desde abril del presente año, aún se encuentra en funciones y no se perfila como un asunto que deba implicar responsabilidad jurídica; el responsable de la administración panista de Jalisco, dijo en abril que con ese dinero era suficiente hasta para hacer frente a una catástrofe de iguales dimensiones a la de Fukushima. Hoy la realidad se la tragan los funcionarios pues alegan requerir ochocientos millones de pesos, en la modalidad de crédito para la reconstrucción de las zonas afectadas, sin explicar dónde están los recursos que ya se habían destinado para el efecto en abril. Los ciudadanos afectados sufren la desgracia y el desconsuelo mientras tanto. Queda claro que para la corrupción no existe filiación política, ni lugar determinado, pero también queda claro, y eso preocupa aún más, que México –así en su nombre coloquial– sí es un país de leyes, pero le falta mucho para ser un país de justicia y en ello la gran responsabilidad cae en la sociedad.

Así, nos seguimos con el análisis apresurado sobre la obra de José Reveles, aunque no de manera completa por razones de espacio (ya veo que no son proclives a leer mis largos textos) y agregaría que por razones de tiempo, como se puede apreciar llego tarde y a prisa por las obligaciones irrenunciables del trabajo. Es en éste trabajo del señor Reveles, donde se señala que la corrupción política al más alto nivel, es uno de los factores principales que han permitido la expansión de la violencia y el fomento del crimen, yo agrego que también la sociedad ha contribuido de manera muy efectiva con ambos fenómenos, porque, como lo dije en el primer párrafo, somos una sociedad de leyes, pero no de justicia. Las leyes dejan de funcionar desde el momento en que el ciudadano no quiere saber nada de ellas y cuando se le hace ver una infracción a las mismas, pues se busca la manera más rápida y más conveniente para evitar el correctivo legal que corresponde por la dicha falta. Son cosas que parecen demasiado simples, pero al sumarse y conjugarse, son la raíz de toda la criminalidad y su correspondiente violencia. José Reveles, cabe aclararlo muy bien ya que somos muy dados a la mala interpretación además, sugiere que la situación actual “puede reproducir” una situación parecida a la que vivió Colombia bajo el gobierno de Alvaro Uribe, en donde se emitieron recomendaciones a las Fuerzas Armadas, para combatir a las FARC, en el sentido de que entre más muertos, más dinero y más ascensos recibiría el personal participante en tales eventos, no se aclara si solo se refiere a las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) o también incluía a las policías. El asunto se resolvía en un proceso poco claro y con altos signos de corrupción, según asegura el propio Reveles, en el sentido de que se asesinaba a personas civiles y luego se les colocaban armas y uniformes semejantes a las de las FARC, para con ello “cobrar” las recompensas económicas y las jerarquías que correspondían. La similitud la encuentra el autor, en lo que en México se le conoce como el “falso positivo”, aquella tendencia de criminalizar a las víctimas, es decir, que los que caen abatidos por las Fuerzas Armadas Mexicanas, o por el simple hecho de aparecer ejecutado, desaparecido o sepultado en una fosa clandestina, en la primera declaración que se da se le señala como “delincuente”, así como ocurrió en Veracruz con los cadáveres que fueron arrojados en una de las principales avenidas del puerto. Hay asuntos ahí que se debe precisar, principalmente porque desconozco si el señor Reveles conoce el actual sistema de ascensos en el Ejército y Fuerza Aérea, primero porque no se basa en el número de muertos o decomisos que realice un personal determinado; segundo, que cuando ocurren los enfrentamientos, se realiza un procedimiento de “justificación”, el cual se hace acompañar de evidencias o flagranacias además de un video (que por cierto ya no tienen validez en procesos jurídicos, como elementos de prueba) y tercero, que cuando el personal militar se ve involucrado en situaciones que culminan en responsabilidades legales, son sujetos a proceso judicial, precisamente como lo que acaba de ocurrir con los recién sentenciados del caso Sinaloa, pero que además hay que agregar que gracias a la CNDH, el personal Militar ya puede ser juzgado en tribunales civiles, lo que deja en duda la aplicación de penas como lo contempla el fuero militar, en muchos casos reducidas y con el riesgo de no ser cumplidas, de acuerdo con la corrupción que se ha demostrado en algunos jueces civiles. En lo económico, no ha existido un estímulo verdadero, ni basado en el número de criminales abatidos en los enfrentamientos, ni siquiera en las promesas de incrementos salariales anunciados de manera oficial, pues el sueldo de los Militares, del Ejército y Fuerza Aérea, dista mucho en su realidad con lo anunciado en el discurso político, y por esas condiciones se encuentra el equipamiento.

Estoy de acuerdo en el señalamiento que hace el doctor Buscaglia en el prólogo del mismo libro, en el sentido de que los eventos criminales muchas veces son empleados como objetos de campañas mediáticas, buscando un efecto contrario o verdaderamente negativo a lo que los hechos son en realidad. Pero esa correlatividad no siempre es responsabilidad de los medios oficiales, también hay que señalarlo y es un agregado mío; éste mismo libro del señor Reveles, está siendo tomado como una fuente conceptual en las metodologías de ciertos periodistas, por ejemplo ya se comienza a escuchar el término “holocausto”, como un adjetivo a la lucha contra el crimen, y se da por verdadero, principalmente porque en la mente del mexicano promedio gobierna la ignorancia y un desdén casi radical por la investigación para llegar a la realidad de las cosas, de ahí que una parte de la sociedad, mínima por cierto, no apruebe siquiera la existencia de las Fuerzas Armadas. Es cierto que faltan muchos espacios por cubrir, en la estrategia federal, pero también falta mucha responsabilidad de acción en los otros niveles de gobierno, tal y como lo que acaba de ocurrir en Michoacán, con el alcalde de La Piedad, que ya comenzaba a politizarse, pues dos precandidatos y un candidato panista, se apresuraron a decir que lo asesinaron por sus “ideales”, cosas que no son posibles, simplemente por la información que tenemos nosotros y la que ya deben de tener como línea firme de investigación contra la familia michoacana, y que no puedo citar aquí, porque le corresponde a la procuraduría michoacana resolverlo; ésa es la cuestión de la campaña mediática y su impacto. Reafirmo lo de ser sociedad de leyes, pero no de justicia. El término holocausto no aplica en el caso de México, ya que no hay un intento de aniquilar a un sector de la población, si bien es cierto que la destrucción masiva generacional que propone el doctor Buscaglia, puede refelejarse en que las nuevas generaciones son las más afectadas con el fenómeno criminal, esto obedece más a la pérdida de valores y principios, desde el seno familiar hasta el entorno social, pero no es una intención definida ni planeada por algún grupo de poder, al menos mexicano, ya que los intereses que manejan los hilos reales de la confrontación del país están en Estados Unidos, quienes se benefician en lo económico, como ya está saliendo a la luz también.

Existe otra parte que tiene que ver con las “denuncias ciudadanas”, que se discute poco por cierto. Este procedimiento de la denuncia ciudadana, se creó para de algún modo “parchar” la ausencia de procedimientos jurídicos fundamentados y motivados en una Ley de Seguridad Nacional, precisamente la que debe derivarse del contenido del artículo 21 constitucional en su parte relativa que a la letra dice:

“...LA SEGURIDAD PUBLICA ES UNA FUNCION A CARGO DE LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, QUE COMPRENDE LA PREVENCION DE LOS DELITOS; LA INVESTIGACION Y PERSECUCION PARA HACERLA EFECTIVA, ASI COMO LA SANCION DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, EN LOS TERMINOS DE LA LEY, EN LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA CONSTITUCION SEÑALA. LA ACTUACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA SE REGIRA POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION.

LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA SERAN DE CARACTER CIVIL, DISCIPLINADO Y PROFESIONAL. EL MINISTERIO PUBLICO Y LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO DEBERAN COORDINARSE ENTRE SI PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y CONFORMARAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA...”

Que desde luego los estudiosos encontraran alguna controversia respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la “seguridad pública”, pero no olvidemos que en cuestiones jurídicas las leyes son supletorias y en su parte relativa, como es el caso de la facultad del Presidente de la República para emplear a las Fuerzas Armadas en los casos que ahí mismo se determinan; total que puede parecer repetitivo, pero en el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establecen los objetivos y metodologías que regirán de manera específica la participación de las Fuerzas Armadas. Definitivamente es poca la funcionalidad de las policías, tanto federal, como estatales y municipales, para contener y erradicar la criminalidad, con honorables excepciones de cuerpos policiacos como los de Hidalgo, Sonora, Baja California y parte de Sinaloa.

El arreglo política para congraciarse con algunos sectores sociales, nos ha costado ése atraso, pero también en esa magnitud se ha incrementado el riesgo. La semana pasada, la periodista Olga Wornat, participó en el programa de radio “primera emisión” conducido por Carmen Aristegui, mediante una llamada telefónica, haciendo una denuncia pública, de manera puntual sobre amenazas serias y, desde mi punto de vista, muy relaes, cuyos orígenes atribuye a internet, según las pruebas que aporta. Hay suficiente razón para estar preocupados por la seguridad de la periodista, pues los autores de las amenazas no son los zetas ni su bastión cibernético “anonymous”, sino que provienen de un área de la que debemos cuidarnos todos, pues cuenta con el aparato tecnológico, logístico y operativo para llevar a la realidad tales amenazas, son precisamente estos elementos los que vigilan todo lo que se mueve en internet y están bajo la dirección de las dos fuentes más importantes de vigilancia cibernética: TELMEX y SSPF (y no es la policía cibernética). A la periodista le han intervenido sus comunicaciones de manera seria, una especie de Private Virtual Network que permite incluso obtener números de teléfonos y cuentas de correos de sus hijos. No es para menos. Lamentablemente nosotros no podemos hacer nada al respecto, hemos sido acotados en ese rubro por la propia CNDH, ONG´s y seguidores del Sr. Sicilia, pues no tenemos facultad ni fuero para indagar el origen de la amenaza, crear un cordón de seguridad y una presencia física, tanto pata resguardo de la periodista como su familia, a menos que exista una orden específica de algún Mando Superior, lo que veo difícil, pues en tanto no se apruebe la Ley de Seguridad Nacional, seguiremos atados de pies y brazos para estos menesteres. La periodista declaró que ha puesto el asunto en manos del subsecretario de gobernación y le ha hecho llegar los correos electrónicos en donde se emite la amenaza, pero no olvidemos que también el correo electrónico dejó de ser elemento de prueba para denuncias y demandas jurídicas, es decir los criminales están a buen resguardo y bajo el amparo de la ley puede cometer un crimen indeseable en contra de la periodista, alguno de sus familiares o su asistente que también recibió las amenazas. Preocupa el caso, porque la misma sociedad ha puesto las trabas y le ha permitido al crimen operar a sus anchas, es decir, somos una sociedad de leyes, pero no de justicia.
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Mensaje el 6/11/2011, 9:53 pm por Mictian

Ya lo habia dicho Juarez hace muchos años...

Para los enemigos la ley...

Para los amigos...la justicia.

Entiendase que si bien tenemos un Pais de leyes, el precepto manda que cuando la ley se torna injusta, se aplique la justicia.

Entonces quedamos en que la justicia se aplica muy pocas veces pues quienes administran la ley, la pefeccionan a tal rado en su interpretacion que no le dejan espacio a la demanda justa, terminando por impartir juicios bastardos, que no tienen ni padre, ni mucho menos madre. De ahi tanto inocente en el bote y tanto culero en la calle y se hace vivido el dicho que reza que en la carcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza.

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Mensaje el 6/11/2011, 10:24 pm por Soldaomalamañao

Mictian escribió:Ya lo habia dicho Juarez hace muchos años...

Para los enemigos la ley...

Para los amigos...la justicia.

Entiendase que si bien tenemos un Pais de leyes, el precepto manda que cuando la ley se torna injusta, se aplique la justicia.

Entonces quedamos en que la justicia se aplica muy pocas veces pues quienes administran la ley, la pefeccionan a tal rado en su interpretacion que no le dejan espacio a la demanda justa, terminando por impartir juicios bastardos, que no tienen ni padre, ni mucho menos madre. De ahi tanto inocente en el bote y tanto culero en la calle y se hace vivido el dicho que reza que en la carcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza.


Hay que agregarle que al postulado de Juárez, lo complementó Alvaro Obregón: La cárcel es para los pobres y los pendejos.

O como decía Santa Anna: Los mexicanos son como las putas, trabajan mejor con el cliente encima.

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