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Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas

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GREYHOUND
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Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas

Mensaje por GREYHOUND el 6/10/2011, 9:57 pm

Mexico

Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas.

Gaspar Morquecho
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Primera parte

La guerra en Chiapas nos sigue dejando diversas enseñanzas. Podemos decir que, después de los diálogos de febrero a marzo de 1994, nos encontramos con un largo periodo de lucha política, de resistencia y autodefensa, que cobró nuevos sentido y significado con la fundación de los Caracoles, las Juntas de Buen Gobierno en 2003 y la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 2005, un movimiento insurgente que ha sorteado con inteligencia, valentía e iniciativa 16 años de contrainsurgencia: ocupación militar, aislamiento político, operativos y ataques militares y de paramilitares; programas gubernamentales de “combate a la pobreza”, repliegue de comunidades y de organizaciones indígenas y campesinas que se plegaron a los gobiernos del “cambio” por “pactos de gobernabilidad”, es decir, de sumisión. En Chiapas, conocimos la deshonra militar, el militarismo y la estrategia y tácticas de la contrainsurgencia.

Deshonra militar

¿Saber cuándo se perdió el honor militar? Probablemente fue sólo un mito si recordamos las atrocidades de los ejércitos en la guerra que usted mismo use de ejemplo. ¿Alguna de la antigüedad? ¿La Primera o Segunda Guerra Mundial? ¿Alguna regional de la posguerra? ¿Medio Oriente, Vietnam, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Irak o Afganistán? ¿O alguna de casa, en México y de la Guerra Sucia? ¿“Tierra arrasada” para combatir a las guerrillas rurales y la “infiltración” para aniquilar a las guerrillas urbanas (ambas de las décadas de 1960 y 1970)? ¿La campaña de cerco y aniquilamiento del ejército rebelde de Lucio Cabañas? ¿Las matanzas del ejército federal y del Batallón Olimpia del 2 de octubre en Tlatelolco o la del grupo paramilitar Halcones del 10 de junio en San Cosme? ¿Las guerras de baja intensidad y contrainsurgencia en Chiapas y Oaxaca? La misión de la guerra es la aniquilación del enemigo. No importan los medios ni los tratados internacionales. Eso del “honor militar” no existe, y si existió, fue a parar a la letrina hace muchos años.

Militarismo

Después del gobierno del general Cárdenas, a la tropa se le ocupó para cargar contra los obreros, campesinos, estudiantes y cualquier tipo de oposición. Los corridos nos cantaban los crímenes de la tropa al referirse al asesinato de Rubén Jaramillo y su familia después de acordar la desmovilización de los rebeldes en Morelos con el gobierno de López Mateos: “…iban muy bien disfrazados / los malditos asesinos / eran soldados de línea / vestidos de campesinos…”.

Las versiones populares cuentan cómo “un soldado infiltrado en el núcleo guerrillero que atacó el cuartel en Madera, Chihuahua, puso en alerta a los mandos y cómo los rebeldes fueron masacrados”. Durante el movimiento estudiantil y popular mexicano de 1968 ?jornada de lucha por las libertades democráticas?, abundaron los infiltrados, provocadores, informantes –hombres y mujeres de todas las edades?, los golpeadores (porros pagados por la derecha universitaria), la ocupación de recintos de educación por la tropa y la represión de las policías y del Ejército, que culminó con la masacre del 2 de octubre. Saldo: 400 jóvenes asesinados y cientos, encarcelados.

Las técnicas militares de contrainsurgencia de los colonialistas franceses llegaron a América. El gobierno de Luis Echeverría Álvarez compró el equipo que reprimió las protestas de los jóvenes en Francia, militarizó la policía y se aplicó la táctica militar de “tierra quemada” o “tierra arrasada” en la Sierra de Guerrero para liquidar la guerrilla de Lucio. Se infiltró las guerrillas urbanas, se practicó el secuestro, la tortura, el asesinato y los vuelos de la muerte. En un alarde de impunidad y a ojos vistos, Luis Echeverría Álvarez ordenó la creación y financiamiento del grupo paramilitar Halcones. Se les dotó de instalaciones y se les dio entrenamiento militar y de contrainsurgencia. El gobierno del Distrito Federal, a cargo de Alfonso Martínez Domínguez, sufragaba los gastos. Después de dos apariciones y para contener la reactivación del movimiento estudiantil, se preparó y ordenó la masacre de San Cosme el 10 de junio 1971. Los estudiantes demandaban democracia sindical, democratización de la enseñanza y libertad a los presos políticos.

Era el periodo de la Guerra Sucia, que prosiguió hasta el aplastamiento, casi absoluto, de las guerrillas urbanas. No así de las rurales, que siguen incursionando en las montañas de varias latitudes de la geografía mexicana. Como también andan impunemente entre nosotros los asesinos, autores intelectuales y materiales de los crímenes de esas décadas. Chiapas no fue la excepción.

Militarismo, represión militar y paramilitar en Chiapas

En Chiapas, las llamadas “guardias blancas” –ejércitos particulares de los finqueros– fueron cosa común, como también su actuar junto con el Ejército o policías de la entidad. La Cronología. Veinte años de conflictos en el campo. 1974-1993 da cuenta de ello (Polito, Elizabeth y González, Juan, en Revista Chiapas 2, ERA, 1996 y, en No todo empezó en 1994, Ediciones Pirata, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2009). Algunos casos:
1974. Gobierno de Manuel Velasco Suárez. Tres mil soldados tendieron un cerco militar en la selva de Ocosingo; 12 supuestos guerrilleros del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas fueron fusilados y decapitados en El Diamante. (Ahora sabemos que en realidad se trató de un cerco a un grupo de combatientes de las Fuerzas de Liberación Nacional que estaban construyendo en primer campamento y núcleo guerrillero Emiliano Zapata en el rancho El Chilar.)
1977. Gobierno de Jorge de la Vega Domínguez. El Ejército tendió un cerco en Simojovel, Huitiupán y Sabanilla: 16 ejidos fueron desalojados y varias escuelas, convertidas en cárceles. La represión la realizaron soldados de la XXXI Zona Militar, el subprocurador y finqueros armados; 10 indígenas choles y tzotziles fueron asesinados; dos de ellos, arrojados desde un helicóptero; tres niños se ahogaron.
1978. Gobierno de Salomón González Blanco. El Ejército agredió a peones acasillados de la finca Xoc, en el municipio de Sabanilla; 16 indígenas choles fueron torturados. Los agresores saquearon, incendiaron chozas y cosechas y violaron mujeres.
1979. Gobierno de Juan Sabines. El ejército impuso toque de queda en Venustiano Carranza. Después de las 20:00 horas, todo el que salió fue detenido.
1980. Masacre de indígenas tzeltales en Wololchán, municipio de Sitalá. La segunda agresión fue el desalojo e incendio del poblado realizado por el Ejército. Los soldados utilizaron ametralladoras, bombas lacrimógenas y lanzallamas: 12 indígenas fueron asesinados e incinerados. Las operaciones estuvieron a cargo del entonces jefe de la XXXI Zona Militar, general Absalón Castellanos Domínguez.
1981. Cuarenta y cinco mil soldados efectuaron maniobras y simulacros de contraguerrilla en la región chol (Tila y Sabanilla), en la selva y la frontera con Guatemala. Participaron observadores militares de ese país. (Una religiosa aseguró que esas maniobras militares se dieron en 1978: “Formaron dos grupos, los del pañuelo rojo eran los guerrilleros que, por supuesto, perdieron”. Comentario en agosto de 2011)
1983. Gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez. En el paraje Tzakiuc’um, municipio de Chalchihuitán, fueron masacrados 11 campesinos indígenas. Los autores materiales fueron indígenas instigados por caciques, también indígenas del mismo municipio. [Los caciques habían creado un grupo armado y utilizaron la táctica de “tierra arrasada”: como los Kaibiles en Guatemala, incendiaron las chozas, y cuando los sobrevivientes salían huyendo, los cazaban a tiros].
1984.Nueve campesinos indígenas de la comunidad Venustiano Carranza fueron masacrados por miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Los asesinos fueron aprehendidos y luego liberados.
1986. Policías judiciales y caporales al servicio de Enrique Zardain y Astrid Astudillo quemaron y arrasaron por segunda ocasión 50 casas en Muc’ulum-Bajch’ajom, municipio de Chilón. La policía llegó en dos autobuses y 15 camionetas; dos niños y tres mujeres fueron desaparecidos, nueve más resultaron heridos y 76, detenidos. El campesino Melchorio Aguilar fue capturado por caporales y entregado a la Policía Judicial. Posteriormente, apareció muerto en el cementerio de Palenque, con las orejas cortadas, las uñas arrancadas y con tres tiros en la cabeza.
1987. Veintiocho pistoleros de El Crucero, municipio de Tila, desalojaron a 84 familias y asesinaron a un campesino, secuestraron y desaparecieron a cinco más.
1988. Campesinos de Campo La Granja, Simojovel, fueron agredidos por un grupo de propietarios, policías judiciales y elementos de seguridad pública del estado encabezados por Fidel Culebro Trejo, líder de la Pequeña Propiedad. Tres campesinos fueron asesinados y cinco niños, desaparecidos.
1989. Gobierno de Patrocinio González Garrido. Campesinos de la Central Independiente de Organizaciones Indígenas y Campesinas (Cioac) realizaron una marcha en Bochil para demandar la detención de Roberto Zenteno Rojas, asesino de Sebastián Pérez Núñez, y para exigir la libertad de 18 presos políticos. Asimismo, informaron que de diciembre de 1982 a 1988 (sexenio de Absalón Castellanos), se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados.
1990. Elementos del Ejército Mexicano destacamentados en Huixtla desalojaron a campesinos que se habían posesionado del rancho El Cacao, Tuzantán. Durante la acción, fueron asesinados dos campesinos.
1991. En Simojovel, 10 policías judiciales detuvieron al sacerdote Joel Padrón González y lo trasladaron al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez. Fue acusado de incitación a la rebelión, robo, despojo, conspiración, portación ilegal de armas, asociación delictuosa, apología de delitos, amenazas, pandillerismo, entre otros.
1992. En el marco de protesta por los 500 años del arribo de los españoles al continente, integrantes del Frente de Organizaciones Sociales por los 500 Años de Lucha y Resistencia del Pueblo Chiapaneco (Fosch 500 Años) realizaron marchas regionales en Bochil, Motozintla y Comitán. También, un encuentro indígena estatal en la comunidad de San Felipe Ecatepec, municipio de San Cristóbal. El 12 de octubre, hubo movilizaciones en Motozintla, Venustiano Carranza, Salto de Agua, Simojovel, Tila, Sabanilla, Palenque, Oxchuc, Ocosingo. La más numerosa fue la de San Cristóbal de Las Casas, donde participaron más de 10 mil indígenas.

Los integrantes del Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas 500 Años fueron: el Frente Unificado Campesino de Simojovel; Organización Campesina Emiliano Zapata; Coordinadora de Lucha de los Pueblos Mayas para su Liberación; la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas; Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas; Centro de Derechos Humanos de la Sierra Madre del Sur; Chiltak, AC; Maderas del Pueblo; Consejo Mexicano de los 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular; Cioac; Lucha Campesina Independiente de Tenejapa; Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata; Chultotic; Organización Campesina Regional de Ocosingo; Cultura Solidaridad Magisterial, AC; Produssep; ARIC-Unión de Uniones (Asociación Rural de Interés Colectivo).

Participaron también estudiantes de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas; Solidaridad Campesino Magisterial; maestros de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la organización católica Pueblo Creyente; Comunidades Eclesiales de Base; mujeres artesanas, de cooperativas, entre otros. Los participantes llevaban pancartas con leyendas varias: “Basta de 500 años de represión”; “No al TLC (Tratado del Libre Comercio)”; “Exigimos respeto para los indígenas”; “No a las reformas del artículo 27”; “San Cristóbal es el centro de explotación y humillación de los indígenas”.

Los manifestantes derribaron la estatua del conquistador y fundador de San Cristóbal de Las Casas, Diego de Mazariegos. En apoyo a las movilizaciones realizadas por el Fosch 500 Años, dos dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática realizaron un ayuno por 24 horas frente a la catedral de San Cristóbal.

1993. Gobierno de Elmar Setzer Marseille. Elementos del Ejército y campesinos del ejido Pataté Viejo en el municipio de Ocosingo se enfrentaron. Dos soldados resultaron muertos y dos más, heridos. El Ejército detuvo a ocho indígenas de la ARIC-Unión de Uniones y a dos campesinos guatemaltecos. Se les acusó de traición a la patria. Al mismo tiempo, el Ejército inició un operativo “antiguerrilla”. [Ahora sabemos que el choque militar fue entre el Ejército Federal y una columna del EZLN en la Sierra de Corralchén].

La contrainsurgencia

La contrainsurgencia en México y en Chiapas tiene, al menos, tres componentes: uno, las medidas políticas; dos, las militares de todo tipo (convencional y guerra sucia), y tres, el “combate a la pobreza”. Componentes que se conjugan –según la coyuntura o el nivel de conflicto– para contener las insurgencias en los “márgenes”.

El “combate a la pobreza” tuvo como punto de partida el fracaso del ejército yanqui con soluciones exclusivamente militares. Fue hasta la llegada de Kennedy a la Casa Blanca y de McNamara al Pentágono cuando se percataron de que estaban siendo derrotados por un tipo de guerra para la que no estaban preparados: la guerra de guerrillas, en el Tercer Mundo. Con Kennedy y McNamara, nació la contrainsurgencia (Contrainsurgencia y miseria. La política de combate a la pobreza en América Latina, Zibechi, 2010). La derrota del ejército yanqui en Vietnam, en 1973, aceleró la adopción de la línea del “combate a la pobreza”. En los organismos internacionales (Organización de las Naciones Unidas), se gestó el concepto y la aplicación de esas políticas de “desarrollo” en el Tercer Mundo.

Contrainsurgencia estilo mexicano

En México, durante la rebelión de los jóvenes en 1968, el gobierno de Díaz Ordaz aplicó, con brutalidad, la represión militar. En la década de 1970, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) conjugó con la “apertura democrática”, por ejemplo, legalizando al Partido Comunista Mexicano, las acciones militares y guerra sucia en el combate a las guerrillas rural y urbana; el paramilitarismo con la creación de los Halcones; y el populismo, con programas de “desarrollo social”.

El gobierno de Echeverría enfrentaba el auge de los movimientos revolucionarios armados, los urbano-populares, los sindicales y campesinos. Y en el Istmo Centroamericano, las guerras de liberación nacional que arreciaron en las décadas de 1960 y 1970. Por tales motivos, Echeverría Álvarez ordenó poblar, en Chiapas, la región de Marqués de Comillas con miles de solicitantes de tierra y la construcción de la carretera fronteriza –ambas medidas con fines castrenses–. En términos militares, se trataba de construir el “yunque” para evitar que la Selva Lacandona fuera “santuario” de la guerrilla guatemalteca y facilitar las acciones militares de los Kaibiles. Además, para evitar la “insurgencia” en las “márgenes” de Chiapas, los gobiernos federal y estatal y organismos internacionales (Organización para la Agricultura y la Alimentación y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) diseñaron el Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas. Los operativos policiaco-militares en la zona rural continuaron. Gobernaba en la entidad Manuel Velasco Suárez.

El gobierno federal tenía sus razones. En Chiapas, un arcoíris de fuerzas revolucionarias se hizo presente y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas había optado, como en Centroamérica, por la teología de la liberación y los pobres. Se levantaban movimientos indígenas y campesinos en la costa, la sierra, los valles centrales, en las zonas de los Altos, Norte de Chiapas y en la Selva Lacandona. La represión militar en Chiapas continuó durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982). Fue la época del auge petrolero, de la “administración de la abundancia”, del endeudamiento y del “descubrimiento” de importantes yacimientos en la entidad y del despilfarro. Para el “combate a la pobreza”, el gobierno federal creó, en 1977, la Coordinación General del Plan de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar). López Portillo formuló el Plan Chiapas para el “desarrollo de la entidad”. Para entonces, Juan Sabines Gutiérrez estaba por sustituir a Salomón González Blanco, un hombre de edad avanzada al que consideraron incapaz de mantener la gobernabilidad en la entidad. Sabines llevó al extremo la práctica del populismo y la represión contra las luchas campesinas.

Un signo inconfundible del proceso de militarización de Chiapas fue el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez –un político y militar mexicano miembro del Partido Revolucionario Institucional–; gobernó la entidad de 1982 a 1988; egresó del Heroico Colegio Militar en junio de 1942. Fue comandante del cuerpo de cadetes, del Primer Grupo Mixto de Armas de Apoyo del Cuerpo de Guardias Presidenciales cuando tenía el rango de mayor y teniente coronel. Luego comandó la guarnición de Manzanillo, Colima; fue director de la Escuela Militar de Clases Mariano Escobedo, comandante de la 18 Zona Militar, de la 2 Zona de Infantería y del Campo Militar 1; director del Heroico Colegio Militar; inspector general del Ejército y comandante de la 13 y de la 31 Zona Militar en San Cristóbal de Las Casas. En 1980, comandó las tropas que masacraron a indígenas en Wololchán. En ese entonces gobernaba Juan Sabines. En 1989, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos denunció que, durante el gobierno de Absalón Castellanos, se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados. El presidente de la República era Miguel de la Madrid Hurtado, la avanzada del neoliberalismo salinista.

Con Carlos Salinas, se desarticuló la política social del Estado. Decretó la disolución de la Coplamar, y la cancelación del Sistema Alimentario Mexicano y del Programa Integral de Desarrollo Rural. En su lugar, creó el Programa Nacional de Solidaridad. Salinas logró cooptar a los dirigentes de los movimientos campesinos; reformó el artículo 27 constitucional; decretó el fin del reparto agrario, y creó el Congreso Agrario Permanente. Espacio en que las agrupaciones marchantean los miserables recursos del presupuesto para el campo mexicano. En Chiapas, el gobernador era José Patrocinio González Blanco Garrido. El autoritarismo fue su signo. En 1989, participó en la cesión de 2 mil 500 hectáreas de montaña y pinos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de un predio conocido como Racho Nuevo –a 15 kilómetros de la ciudad de Las Casas–, y que fue propiedad de la familia Aguilar Durán. El alcalde de San Cristóbal era el ingeniero Carlos Rodríguez Morales (1989 -1991). Ahí se construyó la sede de la 31 Zona Militar. En 1993, Salinas lo nombró secretario de Gobernación para sustituir a Fernando Gutiérrez Barrios. La rebelión zapatista provocó su destitución una semana después del alzamiento.

La rebelión zapatista

En contra de toda lógica, sentido común y del más elemental análisis de coyuntura nacional e internacional, es decir, a contracorriente y con otra lógica, miles de indígenas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se movilizaron y tomaron siete poblaciones y ciudades de Chiapas. Era la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994. Le habían declarado la guerra al Ejército y pedían “a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las Leyes sobre la Guerra de la Convención de Ginebra” (Declaración de Guerra, 1993). El despliegue de esa fuerza insurgente hizo evidente que inteligencia y mandos del Ejército no esperaban un levantamiento de esa naturaleza. La primera respuesta del Ejército se dio después del medio día. Dos aviones Pilatus sobrevolaron los bordes de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. La noche del 1 de enero, el grueso de las tropas insurgentes zapatistas se retiró a sus montañas; otras se prepararon para atacar el cuartel de la 31 Zona Militar. El levantamiento del EZLN fue una prueba evidente del fracaso de la estrategia y tácticas contrainsurgentes del imperio en el Tercer Mundo y de su puesta en práctica por el Estado mexicano.

Doce días de guerra

El 2 de enero se iniciaron las hostilidades frontales y los crímenes de los federales. El subcomandante Marcos anunció, en la ciudad de Las Casas, el ataque a las instalaciones militares de Rancho Nuevo. Los combates se entablaron muy cerca del paraje el Chivero. Ahí los federales detuvieron el avance de los insurgentes. Un microbús que encabezaba la columna motorizada de los insurgentes había sido atacado por un helicóptero; todos sus ocupantes fueron abatidos. En tierra, los federales arrojaron sus cuerpos a la cuneta y, al menos, cuatro de los sobrevivientes habían sido ejecutados en el lugar con un tiro en la cabeza, como si la consigna fuera “los queremos muertos”. Esa práctica se repitió en el mercado de Ocosingo. Otros cinco milicianos fueron ejecutados con tiros en la cabeza. Sus cuerpos quedaron boca abajo y sus manos habían sido atadas por la espalda. El 4 de enero, poblados indígenas al Sur de San Cristóbal de Las Casas fueron el blanco del fuego aéreo de helicópteros. Las tropas de tierra destrozaron las chozas de los pobladores. El 7 de enero, tres principales de la comunidad de Morelia, municipio de Altamirano, fueron asesinados por los federales, y el 4 de junio, tres mujeres tzeltales fueron violadas en un retén militar. Durante el repliegue zapatista en el municipio de Las Margaritas, los rebeldes hicieron prisionero al general Absalón Castellanos Domínguez. Los enfrentamientos que transcurrieron durante 12 o 13 días fueron suspendidos cuando el gobierno federal declaró unilateralmente el cese al fuego. Sus tropas ocuparon las cabeceras municipales de San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Paralelamente, se prepararon las condiciones necesarias para el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. Marcos dijo a los medios de comunicación parte de su estrategia: “Lo que sigue es un largo periodo de lucha política”. El gobierno, por su parte, en la lógica de sus usos y costumbres, ofreció un insultante “perdón” a los “transgresores de la ley”. El “diálogo entre las partes” se llevó a cabo entre el 20 de febrero y los primeros días de marzo en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas.

La continuidad de la guerra por otros medios

Sin embargo, las fuerzas arcaicas en Chiapas, como la de los autollamados “auténticos coletos”, los “comités cívicos”, identificados con finqueros y ganaderos, armaron a sus bandas y se movilizaron para hostigar al obispo de la Diócesis de San Cristóbal, a los simpatizantes y grupos solidarios con los zapatistas. El 6 de agosto de 1994, se celebró la Convención Nacional Democrática en el Aguascalientes zapatista, y el 21 de ese mes, las elecciones federales. El indio tzeltal Lázaro Hernández, exjefe zapatista, exlíder de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC)-Unión de Uniones y extuhunel (servidor) de tuhuneles de la misión de Ocosingo, fue candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su suplente fue el mestizo y ganadero Jorge Constantino Kanter. El Ejército federal le ofreció a Kanter entrenar y armar a los ganaderos para enfrentar a los zapatistas. En suma, era la continuidad de la guerra en Chiapas por otros medios: la movilización de actores antizapatistas, sobre todo de población no indígena, y el deslinde de grupos indígenas con el zapatismo. En el ámbito electoral, el estado forjó una simbólica alianza de dos actores que fueron antagónicos: indio y mestizo. Estaban en marcha, también, los preparativos para la creación de grupos paramilitares.

En el escenario estatal y nacional, la guerra sucia se reeditaba con crudeza. Se ordenaron el asesinato de Luis Donaldo Colosio (23 de marzo de 1994), candidato del PRI a la Presidencia de la República; el atentado contra Amado Avendaño (25 de julio de 1994), y luego la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu (28 de septiembre de 1994). Los crímenes incubaron en la población el “voto del miedo” e incidieron a favor de Zedillo (y de Robledo Rincón en Chiapas). El motivo de estos crímenes no era cosa menor: el levantamiento había quebrado el proyecto de largo plazo de Carlos Salinas de Gortari. Había reventado lo que quedaba de su grupo compacto. Pocos creían que el PRI seguiría en el gobierno. Salinas, con los crímenes, modificó el escenario. La maniobra resultó. El PRI se mantuvo en el gobierno y Zedillo, como presidente. Habían sido derrotados por un poder de facto Cuauhtémoc Cárdenas y Amado Avendaño, los candidatos de la Convención Nacional Democrática. No todo le favoreció a Salinas: tuvo que exiliarse. Zedillo ofreció el “diálogo” a los rebeldes.

La respuesta zapatista

Señor Ernesto Zedillo Ponce de León: “Bienvenido a la pesadilla. (…) Debe usted saber que el sistema político que usted representa (…) ha prostituido hasta tal punto el lenguaje que, hoy, política es sinónimo de mentira, de crimen, de traición. Yo sólo le digo lo que millones de mexicanos quisieran decirle: no le creemos (…)
“(…) ¿Qué trato digno puede usted ofrecernos para un diálogo franco y una negociación respetuosa cuando pone usted de su cajero compra-conciencias (…) que le hereda el salinismo y que, desde mayo de 1993, en lugar de destinar los apoyos económicos a las partes más necesitadas, se dedicó a comprar dignidades indígenas como si se encontrara en un mercado de artesanías?
“¿Ése es su plan de contrainsurgencia? ¿Llenar de obras sociales para quitarnos base popular?
“(…) Ahora, y desde el 17 de noviembre de 1994, me corresponde el bastión de mando supremo de las fuerzas rebeldes y, en consecuencia, asumo la responsabilidad de responderle a usted a nombre de todo nuestro ejército.
“En éste, su primer discurso como gobernante, usted señaló su deseo de buscar la negociación para resolver el conflicto y nos ofrece este camino
“Señor Zedillo, es mi deber decirle que no podemos creerle. Usted forma parte de un sistema que ha llegado ya a la aberración más grande, a recurrir al asesinato para dirimir sus diferencias como si de un grupo de criminales se tratara” (comunicado del EZLN, 3 de diciembre de 1994).
Como parte de las señales de “buena voluntad”, Zedillo le envió a Marcos una chamarra de regalo. Días después, el 8 de diciembre, a las 10:30 horas, el EZLN comunicó a Zedillo el fin de la tregua, y el 9 de diciembre de 1994, en una acción político-militar, el EZLN desplegó sus tropas en, al menos, un 30 por ciento de Chiapas y decretó la creación de una treintena de municipios rebeldes zapatistas. De esa forma, los insurgentes rompieron el cerco del Ejército federal y el confinamiento político-militar que le había impuesto el gobierno federal al reducirlo, geográfica y políticamente, a tres municipios. Horas después, los insurgentes se replegaron con orden a sus posiciones, mientras las tropas federales avanzaban. Ambos ejércitos evitaron el choque.

La traición de febrero de 1995

En un intento de evitar la reanudación de los combates, el obispo Samuel Ruiz inició un ayuno en la Catedral de la Paz. Una delegación gubernamental se entrevistó con él. Querían contactar al EZLN para entrar en otra etapa de negociación. En eso estaban cuando Zedillo ordenó la captura del jefe insurgente, el avance de sus tropas y la ocupación militar del territorio zapatista. Era febrero de 1995. El gobierno federal había procesado a lo largo de 1994 la estrategia de contrainsurgencia para cercar, neutralizar, aislar políticamente y aniquilar a los insurgentes. La táctica era alternar las operaciones militares y las políticas, es decir, cerco militar y “diálogo”.

El cálculo militar era que el EZLN respondería chocando con las tropas federales y, de esa forma, justificar un ataque masivo a pueblos y comunidades en la Selva Lacandona. La respuesta del EZLN fue replegarse junto con las bases de apoyo al “fondo” de la Selva. El riesgo era quedar aislados y que los federales atacaran impunemente mientras que los Kaibiles la hacían de “yunque” en la frontera. El repliegue militar del EZLN y la oportuna movilización de amplios sectores del pueblo de México evitaron que la “solución militar” prosperara.

A la ocupación militar del territorio zapatista le siguió la “propuesta de diálogo”, la promulgación de la Ley de Concordia y Pacificación en Chiapas: un instrumento del gobierno federal para dialogar constitucionalmente con los “transgresores de la ley”. Se creó una comisión plural de diputados y un comisionado de paz. Se definieron los temas, la metodología. La sede fue San Andrés Sacam’chén de los Pobres.

Si durante los diálogos de paz de febrero y marzo de 1994 privó la distensión, a lo largo de 1995 y de los diversos encuentros entre el EZLN y el gobierno federal en los llamados diálogos de San Andrés, la tensión política fue su característica. Marcos no dudó en denunciar que el gobierno federal no iba a cumplir con los acuerdos. Su certeza tenía como base la deshonra habitual e histórica del gobierno federal para incumplir acuerdos políticos con sus adversarios. Además, las tácticas contrainsurgentes no cesaron: tensión y violencia en diversos puntos de la geografía chiapaneca durante los diálogos; aislar al EZLN con las negociaciones paralelas con organizaciones indígenas y campesinas de la llamada Asamblea Democrática Estatal del Pueblo Chiapaneco y con los partidos políticos, para discutir la reforma del Estado. Además de la militarización del territorio zapatista, se fortaleció el cerco con posiciones militares en Tabasco; de Norte a Sur, de Pichucalco a la costa chiapaneca y a lo largo de toda la franja fronteriza con Guatemala. Una vez que se discutió el tema de los derechos de los pueblos indios, el gobierno federal hizo un vacío en la discusión de los temas que seguían. Fue evidente que el gobierno había delimitado la interlocución del EZLN, además se consolidaban las posiciones militares y expropiación de predios en diversos puntos del territorio zapatista que fueron ocupados por el Ejército federal. Estaban en marcha, también, los preparativos para la creación de grupos paramilitares.

Militarización de Chiapas

La VII Región Militar (con sede en Tuxtla Gutiérrez) incluye Chiapas y Tabasco. Se divide en las siguientes zonas militares: 30, con sede en Villahermosa; 31, con sede en Rancho Nuevo, municipio San Cristóbal de Las Casas; 36, con sede en Tapachula; 38, con sede en Tenosique, Tabasco; y 39, con sede en el predio Toniná, en el municipio de Ocosingo, Chiapas. Esta última, que fue creada en 1993, se considera la zona militar dedicada al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

De todo este territorio, la investigación estuvo concentrada en la región indígena que comprende una parte de la 31 Zona Militar, básicamente la región Altos de Chiapas, toda la 39 Zona Militar y la 38 Zona Militar en territorio chiapaneco. En esta área, el estudio concluyó que existen 91 bases de operaciones militares que abarcan 30 municipios: Acala (uno), Altamirano (dos), Amatenango del Valle (uno), Benemérito de Las Américas (cinco), Berriozábal (uno), Bochil (uno), Catazajá (uno), Chenalhó (12), Chiapa de Corzo (uno), Chicoasén (uno), Chilón (tres), Comitán (dos), El Bosque (dos), Frontera Comalapa (uno), Las Margaritas (siete), Maravilla Tenejapa (cinco), Marqués de Comillas (tres), Ocosingo (22), Palenque (uno), Pantelhó (uno), Sabanilla (uno), Salto de Agua (uno), San Andrés Larráinzar (dos), San Cristóbal de Las Casas (cuatro), Simojovel (uno), Tenosique (uno), Tila (cinco), Trinitaria (uno), Tuxtla Gutiérrez (dos) y Yajalón (uno) [www.ciepac.org/boletines/chi...].
Este artículo es la continuación de : « La guerrilla zapatista a contracorriente »

Grupos paramilitares

Por años el gobierno federal y su Ejército negaron su intervención en la formación de grupos paramilitares; sin embargo, fueron los documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos los que develaron el “apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas. Señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por el Archivo Nacional de Seguridad” (La Jornada, 21 de agosto de 2009).

“A mediados de 1994, el Ejército federal contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. Se trataba de preparar a personal indígena local para ‘resistir’ al EZLN. Además, un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, afirma que ‘durante la masacre de Acteal de 1997’, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas”. También crearon una red clandestina de “equipos de inteligencia humana” con el fin de infiltrar comunidades indígenas para identificar a “simpatizantes zapatistas”. Fueron esos equipos los que promovieron los grupos paramilitares antizapatistas que contaron con la “capacitación” y protección de las autoridades de seguridad pública y de las unidades castrenses en la región.”

“Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo”, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive. Doyle recuerda que el informe del procurador General de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la Procuraduría General de la República había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, “no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista”.

El cable de la DIA también ofrece detalles sobre el funcionamiento de los equipos de “inteligencia humana” del Ejército Mexicano. Describe que éstos eran compuestos “primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región”. Eran compuestos por tres o cuatro personas que “cubrían comunidades” por un periodo de tres meses; los “rotaban por seguridad”.

Para Doyle, estos documentos revelan que la lógica de la Sedena era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica, propaganda en medios, con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se transmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados de manera permanente en Chiapas– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997. Para el 31 de diciembre de 1997, “el agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer ‘ley y orden’ en la región, así como también ‘tareas sociales’ a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista)”. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por “amenazas y violencia en la región de Chenalhó”. A la vez, se informa que otras unidades fueron “puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación”. Seguramente, esperaban una respuesta militar del EZLN.

Los paramilitares de Paz y Justicia

La masacre de Acteal fue ampliamente conocida en el mundo. Fue un ejemplo de la brutalidad con la que pueden actuar los grupos paramilitares en Chiapas. Sin embargo, la crueldad del grupo paramilitar Paz y Justicia es otro ejemplo de la brutalidad y los alcances de estos grupos si se les permite actuar.

Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en su Balance anual 2008 sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, afirma: “El conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, como parte de esta estrategia de contrainsurgencia del gobierno mexicano, incentivó la creación de grupos paramilitares en distintas regiones de la zona de conflicto. Entre esos grupos paramilitares, destacó por su crueldad y capacidad operativa la organización Paz y Justicia que operó en el territorio cho’l de la zona Norte de Chiapas, que comprende los municipios de Salto de Agua, Tila, Tumbalá, Yajalón y Sabanilla. Esta estrategia contrainsurgente, documentada por este Centro de Derechos Humanos, dejó como resultado 122 casos de desapariciones y ejecuciones en el periodo que va de 1995 a 2001, de los cuales 37 son desapariciones forzadas (32 hombres y cinco mujeres) y 86 son ejecuciones (79 hombres y siete mujeres)”. Este grupo fue desmantelado durante el gobierno de Pablo Salazar. Al día de hoy, a pesar del encarcelamiento de cinco líderes de Paz y Justicia entre 2001 y 2002, estos crímenes siguen impunes. Además, con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Nación en el caso Acteal, se teme que los pocos sentenciados en la zona Norte también sean liberados.

Combate a la pobreza, estrategia de contrainsurgencia

Una mujer base de apoyo del EZLN recordaba los días de la lucha armada y de los años de resistencia.
—Margarita, ¿qué ha sido más duro: la guerra o la resistencia?
—Es más duro la resistencia.

Efectivamente, son 16 años de resistir con sus propios medios, escasos, y con sus propias fuerzas. Soportando el peso de la presencia de las tropas federales en todo su territorio y el incremento de la prostitución y el alcoholismo que acompaña la militarización; el hostigamiento de los grupos paramilitares; de organizaciones sociales como la Organización para la Defensa de los Derechos de Indígenas y Campesinos (Opddic), ahora pantalla del grupo paramilitar MIRA, y las “políticas sociales” de “combate a la pobreza” que llevan a cabo los gobiernos federal, estatal y municipal. El comentario de una religiosa que realiza su trabajo pastoral en zonas zapatistas puede ilustrar el efecto que la derrama de recursos para el “combate a la pobreza” puede ir creando: “Mira, si en un medio de extrema pobreza ves que el vecino recibe láminas, alimentos, ayudas económicas del Programa Oportunidades, es muy duro para los hermanos que están en resistencia… no es cualquier cosa. Recuerda que ya son 16 años de resistir”.

Más metralla

Calderón, propuso al Congreso (2009) “un aumento sustancial a los programas Oportunidades y Apoyo Alimentario, que en su conjunto pasarán de 49 mil 500 millones de pesos a 74 mil 500 millones de pesos, es decir un incremento de más de 50 por ciento de 2009 a 2010. El presidente Felipe Calderón subrayó que el paquete presupuestal enviado al Congreso de la Unión tiene un énfasis “sin precedentes” en los programas de combate a la pobreza, “y en ese propósito, habremos de unirnos los mexicanos”. De manera adicional, se incrementará en 20 por ciento el presupuesto del Seguro Popular (…) y se hará un enorme esfuerzo en materia de infraestructura social básica, sobre todo en comunidades indígenas”.

En Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Social informó que la entidad cerraba, “entre los siete estados de la república, con menor índice de desarrollo humano, pero [que] se avanza cada día en el combate a la pobreza y se trabaja con los más pobres”. La delegada en la entidad, Socorro Zavaleta, afirmó que, en 2009, se ejerció un presupuesto de 8 mil millones de pesos. Señaló que el compromiso del gobierno federal es alcanzar condiciones de equidad y desarrollo que permitan a todos los mexicanos tener acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a un empleo de calidad y a una red de protección social, promoviendo la igualdad de oportunidades.

Lo real es que en medio siglo de políticas de “combate a la pobreza”, los pobres en México y el mundo siguen creciendo. Esto se puede explicar con el propio discurso de uno de sus creadores: “Se trata de escoger entre los costos políticos de una reforma y los costos políticos de una rebelión”, y de (…) reducir la miseria del 40 por ciento más pobre de la población de los países en desarrollo” (Robert McNamara, 1972, Zibechi, 2010).

Se puede entender ahora por qué para Margarita la resistencia es más dura que la guerra en su fase armada. Margarita, como miles de zapatistas, enfrenta, ni más ni menos que, una estrategia del imperio y su versión nacional que pretende doblegar su rebeldía. El EZLN y sus bases de apoyo han sobrevivido a la militarización, al hostigamiento paramilitar y a las políticas “sociales” y de “combate a la pobreza” de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y de Calderón. También, la serie de gobiernos interinos que se sucedieron después de 1994 y de los “gobiernos del cambio” de Pablo Salazar y Juan Sabines.

Crisis económica global, “guerra de divisas”, calentamiento y cambio climático, guerras regionales, maniobras militares y otros escenarios de guerra en el mundo, derechas e “izquierdas” gobernando para el capitalismo. En México, crisis económica, guerra al narcotráfico, derechas e “izquierdas” coinciden. En Chiapas, MIRA y la Opddic continúan provocando y agrediendo a las poblaciones zapatistas y se incrementan las amenazas de muerte a defensores de los derechos humanos del Frayba en San Cristóbal de Las Casas y de Enlace, en Comitán. Parece incontenible el retorno triunfal de Carlos Salinas de Gortari. El horizonte para los pueblos en resistencia es complicado.


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Re: Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas

Mensaje por nuevofede el 9/7/2013, 1:28 am

y ese grupo de paramilitares de paz y justicia quien los entreno...
no sabia que en México habían grupos asi
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Re: Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas

Mensaje por asterix el 9/7/2013, 1:36 am

y ese grupo de paramilitares de paz y justicia quien los entreno...
no sabia que en México habían grupos asi


Huyyy..pero si esto es viejisimo....¡¡¡¡¡¡¡

Los entrenaron Militares en retiro o de Permiso...con Armas facilitadas por la SEDENA de aquellos entonces....todo del conocimiento de EZPL.......

Por ello Zedillo enfrenta una acusaciòn que va muy lentamente en USA...porque recibe protecciòn del NEGRO DE Marras...por estar de Lacayo de los intereses grengos.....

Un saludo.

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Re: Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas

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